Si un periodista conociera el nombre de un agente de la CIA, que pudiera estar involucrado en algún asunto turbio que comprometiera al Gobierno de un país o evitara un asesinato en masa de millones de personas, ¿podría publicarlo sin temor a ir a la cárcel?
Rod Laurie, basándose en el caso real de la redactora Judith Miller, estrenó en 2008 “Nothing but the truth”, un largometraje cuyo argumento gira en torno a esta cuestión. En su caso, la respuesta no da lugar a equívocos: la periodista washingtoniana fue condenada a una pena de cárcel al no querer revelar sus fuentes, porque atentaba con ello contra la Seguridad Nacional de EEUU. He aquí el quid de la cuestión: ¿tiene derecho un periodista a acogerse a su derecho de protección de sus confidentes o, por el contrario, cuando se trata de un asunto que involucre a políticos, diplomáticos y demás altos cargos, debería omitir esos datos para no ser enjuiciada?
Remitiéndome a la RAE, diplomático es aquella persona que interviene en un negocio de Estado que tiene lugar entre dos o más naciones. Según esta definición, ¿no se les podría considerar a los ministros y demás representantes políticos como tales? En tal caso, existe una gran mayoría de personas en cada uno de los países, que no sólo están exentos de pagar impuestos y también de la jurisdicción civil y criminal respecto con los tribunales locales; sino que, desde la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el ejercicio legítimo de sus funciones no le será innecesariamente impedido.
Es decir, son prácticamente intocables. Cualquiera que intente frenar prácticas corruptas o actividades ilegales de este tipo de personas y disponga de pruebas que avalen sus acusaciones, no podrá realizar nada al respecto o lo hará en vano. En eso consiste la inmunidad diplomática. Y, lo peor de todo, es que este trato de favor cuenta con respaldo legal.
Es en este contexto en el que es importante echar un vistazo a las últimas portadas de los periódicos alemanes; ya que la pasada semana ha saltado a la palestra dicha polémica. Hasta ahora, el artículo 353b de su Código Penal asegura que los que desvelen informaciones sobre el Gobierno sin revelar la identidad de sus fuentes pueden pasar hasta cinco años en la cárcel.
La consecuencia más directa no es otra que el miedo. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a destapar y denunciar posibles corruptelas políticas si se arriesgan con ello a poner fin (de motu propio) a su libertad civil? El número sería bajo, muy bajo; por eso, si continúa esta tendencia, cada vez se verá menos parte del iceberg. La pregunta es muy sencilla, ¿existen límites legales para evitar que la inmunidad desemboque en el despotismo? En el caso de existir, el periodismo no está en posición de utilizarlos.
La medida del país galo resulta particularmente interesante, porque con ella se pretende proteger a los periodistas para que “no sean perseguidos cuando simplemente han publicado información que les ha sido proporcionada”. De esa manera, se olvidaría la tesis anteriormente expuesta de “los intocables”, ya que, según afirma la ministra de Justicia de Alemania, Sabine Leutheusser, “los profesionales de los medios deben poder hacer su trabajo manteniendo su atención en las actuaciones del Gobierno y publicando los errores de éste de forma libre”.
De la misma forma, en Estados Unidos también están tomando medidas mediante el proyecto de ley, HR 985 referente a la Ley Federal de Protección, que proteja a los periodistas a no verse obligados a revelar fuentes confidenciales incluso bajo citación.
En un momento en el que los profesionales de la comunicación realizan la labor tan esencial de intermediar entre la opinión pública y los demás agentes sociales; con la privación de este ejercicio, ¿no se estaría promoviendo la ocultación y tergiversación de la realidad? ¿No se estaría protegiendo a los culpables y, por tanto, perjudicando a quizá millones de personas? En definitiva, ¿no se estaría fomentando la práctica de actividades ilícitas? La protección de las fuentes es necesaria para que la credibilidad de la profesión periodística no se vea repercutida en un futuro y para que la labor de estos profesionales pueda seguir desempeñándose en el marco de la libertad de opinión y expresión, sin ver entorpecida su labor de altavoz social.
